La Unión de Consumidores de España insta al Gobierno a la creación de un órgano de control y seguimiento que vele por que la publicidad se ajuste la ley, no lesione los intereses de los consumidores y cuente con todos los actores que intervienen en el proceso, y la participación de las organizaciones de consumidores.

La decisión del Ministerio de Economía y Hacienda de prescindir de la autorización previa que este organismo otorgaba a las campañas publicitarias de los bancos significa eliminar el filtro más importante y uno de los pocos criterios que otorgaba credibilidad y fiabilidad al sector. El departamento que dirige la vicepresidenta Elena Salgado deja en manos del Banco de España el desarrollo del nuevo sistema de control publicitario de las entidades financieras.

Cualquier tipo de garantías que tenían los consumidores al recibir la publicidad por parte de las entidades bancarias se deja, ahora, al albur de las buenas intenciones de las propias organizaciones financieras.

Desde la UCE estamos cansados de reclamar a las autoridades competentes medidas contra los abusos que se producen en materia de productos financieros dedicados al consumo. La práctica del autocontrol, en exclusiva por parte de las entidades financieras, se ha traducido siempre en innumerables formas de abuso en contra de los intereses de los consumidores, como demuestran las miles de denuncias que se interponen por publicidad engañosa en materia de créditos. Además, omitir datos de sus productos es una práctica generalizada entre las entidades bancarias.

La Ley General de Publicidad establece como publicidad engañosa aquella que induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo manifestarse de forma expresa, de forma velada y por omisión.

Además, sustituir un control previo por un control a posteriori va a derivar en posibles casos de fraude de ley contra el consumidor, pues retirar una campaña de publicidad una vez que se ha puesto en marcha puede producir efectos irreversibles en los derechos de los consumidores.